El gobierno de Entre Ríos aseguró esta semana que no va a aumentar impuestos ni a crear otros nuevos. Es un mensaje que lleva tranquilidad. La firma del nuevo Consenso Fiscal entre los gobernadores y el presidente de la Nación genera preocupación en el sector privado. La posibilidad de un aumento de la carga impositiva es una mala señal para la radicación de inversiones y la generación de empleo, justo en un momento en el que ambas son muy necesarias. El país atraviesa una crisis económica dura y la recuperación deberá tener al sector privado como protagonista.
En Entre Ríos no hay margen para aumentar más los impuestos. La presión fiscal provincial aumentó un 75% en la última década, como destaca el informe publicado esta semana por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del CEER. Esta carga tributaria se suma a la que generan los impuestos nacionales y las tasas municipales, lo que, en conjunto, representa un desincentivo fuerte para el desarrollo de los negocios en Entre Ríos. Por eso celebramos el compromiso del gobierno provincial de no aumentar ni crear nuevos impuestos. Sostener estos compromisos es fundamental para generar un marco de previsibilidad para las inversiones.
Un impuesto especialmente distorsivo es el de Ingresos Brutos, que explica dos tercios de la recaudación provincial. Tiene un efecto acumulativo que provoca un incremento de los precios y recae en el conjunto de la sociedad. Una política fiscal para promover el desarrollo de la provincia debería prever la reducción de Ingresos Brutos en los próximos años.
Un avance importante de este año fue la eliminación de la Ley 4035, un impuesto distorsivo que penalizaba la creación de empleo formal. Es un paso en la dirección correcta.
Existe una alternativa a la suba de los impuestos: la generación de empleo y desarrollo. Un mayor nivel de actividad amplía la base imponible, lo que permite incrementar la recaudación impositiva sin aumentar la presión fiscal.
El camino es generar un contexto económico más favorable para la generación de empleo y el desarrollo. Y eso no se logra aumentando impuestos, sino con una reducción de la presión fiscal y una mejora en la eficiencia del gasto público.
