A fines del 2017 se sancionó por ley nacional y provincial el Consenso Fiscal. El espíritu de este acuerdo era la disminución paulatina de la presión fiscal provincial, a cambio de una mayor coparticipación nacional.
Uno de los aspectos a lo que se comprometió Entre Ríos era la reducción, hasta la eliminación de las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) en determinadas actividades. También se acordó la eliminación del impuesto a los sellos, que recae sobre los contratos en todas las actividades y, para el caso particular de Entre Ríos, la eliminación del impuesto provincial al salario.
Con este consenso, la economía provincial sufrió un aumento temporario de la presión tributaria, ya que, para financiar la transición, el gobierno provincial subió las alícuotas en varios sectores económicos con la promesa de que se reducirían en otros sectores de manera gradual. El acuerdo era que a partir del año 2020 las alícuotas de Ingreso Brutos se eliminarían para las actividades primarias e industriales.
El impuesto a los Ingresos Brutos es el que mayor perjuicio causa a la economía porque grava todos los eslabones de las cadenas productivas. Por esto sus alícuotas se acumulan en cada eslabón gravado, encareciendo en exceso los costos de producción y el costo de vida del ciudadano.
En estos días el gobierno provincial, junto al nacional, decidió la suspensión de la aplicación del Consenso Fiscal sancionado por ley. Esto significa no cumplir con la promesa asumida frente a todos los entrerrianos de eliminar el impuesto a los sellos y el impuesto a los Ingresos Brutos en la producción primaria e industrial. Y además esta ley de suspensión del Consenso Fiscal, concede la posibilidad de incrementar las alícuotas del impuesto a la transferencia de inmuebles, automotores y la implementación de nuevos tributos específicos que graven la transferencia de energía y servicios sanitarios.
Por esta razón, el Consejo Empresario de Entre Rios, una institución que vela por el desarrollo sostenible de la provincia, solicita el cabal cumplimiento del Consenso Fiscal sancionado por ley en 2017. Entendiendo que la reducción de la presión fiscal y la eliminación de los impuestos distorsivos de la economía así como también el reclamo genuino de coparticipación nacional que le corresponde a Entre Ríos, son indispensable para motorizar un desarrollo genuino y sostenible de la provincia.
